Seis nuevos arbitrajes en 2025 consolidan a Honduras como el Estado con más casos en el centro de arbitraje del Banco Mundial, pese a su retiro del organismo.
Tegucigalpa – Honduras cerrará el ejercicio fiscal 2025 como el Estado más demandado del mundo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el organismo de arbitraje dependiente del Banco Mundial.
Según los registros actualizados del centro, seis nuevos arbitrajes fueron iniciados este año contra el país, superando a Panamá (5), Colombia, México y Perú (4 cada uno), y dejando atrás a Ucrania, Níger, Ecuador y Finlandia, que enfrentan entre dos y tres procesos.
En total, más de 40 disputas fueron registradas en 2025 a nivel global, pero Honduras destaca por su frecuencia y concentración de casos, un indicador que refleja —según expertos— la desconfianza jurídica y la creciente tensión con los inversionistas extranjeros tras la salida del país del CIADI en 2024.
El último caso
La última demanda registrada contra Honduras data del 15 de mayo de 2025, presentada bajo el Mecanismo Complementario del CIADI, una figura que permite seguir procesando disputas aun cuando un país ya no sea miembro pleno del convenio.
El reclamo fue interpuesto por una empresa amparada en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), un acuerdo que mantiene vigentes los derechos de protección a las inversiones estadounidenses en la región.
El abogado Javier Briceño, especialista en arbitraje comercial internacional, explicó a Proceso Digital que la denuncia del CIADI no exime a Honduras de su obligación de responder ante los mecanismos de resolución de controversias previstos en el DR-CAFTA.
“Ese tratado establece en su artículo 10, sección B, que si ni el país del inversionista ni el país demandado pertenecen al CIADI, pueden recurrir a otros mecanismos complementarios de arbitraje internacional”, indicó Briceño.
Esto significa que, aunque Honduras abandonó el convenio, los reclamos pueden continuar por otras vías, generalmente bajo reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).
16 demandas en tres años: un gobierno que nos deja endeudados
En total, Honduras acumula 16 demandas internacionales por conflictos con empresas extranjeras, la mayoría interpuestas durante la administración de Xiomara Castro.
De esas, 13 continúan vigentes, ya que este año se retiraron tres casos: el arbitraje iniciado por Palmerola International Airport (PIA) y dos reclamos de generadoras de energía, identificados en los expedientes ARB/23/12 y ARB/23/13.
El Estado hondureño obtuvo resultados favorables en esos procesos:
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En el caso Palmerola, el CIADI ordenó a la concesionaria restituir 443.254 dólares al Estado.
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En las demandas de las generadoras, Honduras evitó pagar más de 10.500 millones de lempiras, un alivio fiscal importante en un contexto de fuerte presión presupuestaria.
Aun así, el saldo general sigue siendo negativo. Los litigios activos incluyen disputas sobre contratos energéticos, concesiones aeroportuarias, proyectos de infraestructura y desacuerdos fiscales con multinacionales. Cada proceso puede extenderse entre 3 y 7 años y costar millones en honorarios legales y costos administrativos.
Sin pisto y sin reputación
Los expertos en derecho internacional advierten que el impacto del retiro del CIADI podría tener un efecto doblemente costoso: financiero y reputacional.
Aunque el objetivo oficial del Gobierno fue “defender la soberanía jurídica” del país, la decisión ha sido interpretada en los mercados como un riesgo político adicional para la inversión extranjera directa.
De acuerdo con el Banco Central de Honduras (BCH), la inversión extranjera neta cayó un 14 % en 2024 respecto al año anterior, y el flujo de nuevos capitales hacia proyectos de infraestructura o energía se redujo en más del 25 %.
Briceño advierte que este escenario podría empeorar si los arbitrajes pendientes terminan en condenas millonarias:
“Salir del CIADI no significa que el país deje de pagar. Los laudos pueden ejecutarse en cortes extranjeras y, al final, el Estado debe responder con fondos públicos o activos internacionales”, advirtió el jurista.
Cuando la política partidista destruye la institucionalidad
Honduras se adhirió al CIADI el 28 de mayo de 1986, y el convenio entró en vigencia tres años más tarde, en 1989.
Durante más de tres décadas, el país utilizó ese sistema como foro para resolver disputas con inversionistas extranjeros, especialmente en sectores de energía, telecomunicaciones y obras públicas.
El 24 de febrero de 2024, el Banco Mundial recibió la notificación formal de denuncia del Convenio por parte del Gobierno hondureño, y desde el 25 de agosto del mismo año, el país dejó oficialmente de ser miembro.
La decisión fue presentada como una respuesta política a lo que el Ejecutivo consideró “un sistema desigual y contrario al interés nacional”, pero los hechos posteriores demuestran que el retiro no eliminó los riesgos legales: solo los trasladó a otros tribunales.
Entre soberanía y confianza
Para algunos analistas, la salida del CIADI refleja una tensión estructural entre soberanía y confianza internacional.
Mientras el Gobierno sostiene que el sistema favorece a las corporaciones extranjeras, los inversores perciben la denuncia como una señal de inseguridad jurídica y de debilitamiento del Estado de derecho.
El economista José Luis Moncada, exfuncionario del BCH, sostuvo en un foro reciente que el costo no solo se mide en arbitrajes, sino también en oportunidades perdidas:
“Cuando un país acumula demandas y abandona el arbitraje institucional, los bancos y las empresas reevalúan su exposición. Eso encarece el crédito, reduce las alianzas público-privadas y limita el acceso a financiamiento internacional”.
Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países con mayor número de arbitrajes activos presentan una reducción promedio del 0,4 % anual en su PIB durante los años de litigio, debido a la caída de confianza y el desvío de recursos fiscales.
Esa factura puede tardar…pero llegará
Aunque los arbitrajes internacionales son procesos largos, las condenas finales suelen representar sumas significativas para países en desarrollo.
En América Latina, casos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador han terminado con pagos superiores a 1.000 millones de dólares por la nacionalización o cancelación de contratos.
Si Honduras pierde la mayoría de sus procesos, el costo potencial podría alcanzar cifras similares. En ese escenario, las consecuencias no serían solo económicas, sino también institucionales: presión sobre el presupuesto nacional, impacto en la calificación crediticia y un golpe directo a la reputación internacional del país.
Sin escape
La paradoja es evidente: Honduras dejó el CIADI buscando autonomía, pero los arbitrajes no desaparecieron.
Hoy el país enfrenta más casos que nunca, bajo las mismas reglas que pretendía evitar. El sistema internacional de inversiones —basado en tratados, cortes y compromisos— sigue teniendo fuerza jurídica sobre los Estados, incluso fuera de su membresía formal.
El retiro del CIADI fue una decisión política; las consecuencias, en cambio, serán económicas y duraderas.
La pregunta que queda abierta es si Honduras podrá reconstruir la confianza perdida sin volver al sistema del que quiso escapar.




