Honduras destinará L.490,908 millones en 2025, pero la mayor parte irá a deuda y exoneraciones fiscales concentradas en pocas manos.
Tegucigalpa. En un país donde el 62.9% de la población vive en situación de pobreza, el proyecto presupuestario para 2025 refleja decisiones que no apuntan directamente a revertir esa realidad. Las asignaciones no muestran prioridad por educación ni salud, mientras otros rubros capturan los mayores montos. Las cifras revelan una estructura de gasto que deja preguntas abiertas sobre inclusión, equidad y sostenibilidad.
Voces: Presupuesto, desigualdad y expectativas
El debate se encendió en el Congreso Nacional apenas se presentó el proyecto. «Seguimos hipotecando el futuro de los más pobres para beneficiar a los más ricos», declaró en sesión pública la diputada Silvia Ayala, al referirse a las exoneraciones fiscales vigentes. Las sesiones de discusión presupuestaria han puesto en evidencia que las tensiones no están solo en la política, sino en las prioridades económicas.
Fuera del hemiciclo, la reacción también es crítica. «Este presupuesto no resuelve los problemas estructurales. No hay una apuesta real por lo social», apunta el economista Claudio Salgado, docente universitario y exconsultor del Banco Interamericano de Desarrollo. La falta de balance entre inversión social y carga fiscal preocupa a varios sectores académicos y técnicos.
Datos duros: La deuda y los privilegios fiscales
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto 2025 publicado por la Secretaría de Finanzas, el monto total asciende a L.490,908 millones. De esa cifra, L.67,319.5 millones están destinados al servicio de la deuda pública, es decir, el 13.7% del total presupuestado.
Un dato adicional que genera debate es el de las exoneraciones fiscales, que alcanzan los L.66,030.6 millones. Esta cifra representa más del 80% de lo que se destinará a todo el sector salud, según los datos comparativos del Presupuesto General publicado por el Tribunal Superior de Cuentas. Las exoneraciones benefician principalmente a empresas vinculadas a los grupos económicos más poderosos del país.
Mientras tanto, el presupuesto destinado a educación se mantiene en niveles similares a 2024, sin incrementos reales significativos frente a la inflación, según análisis del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). En términos proporcionales, los recursos para los sectores sociales siguen rezagados frente a las obligaciones financieras y beneficios tributarios otorgados a sectores empresariales específicos.
La polémica: Presupuesto para quién
El núcleo del problema no está en la cifra total, sino en cómo se distribuye. «Los presupuestos son decisiones políticas, no solo técnicas. Y este favorece a quienes ya tienen poder económico», explica Leticia Moreno, analista fiscal consultada por La Prensa. Su evaluación apunta a un modelo regresivo, en el que se prioriza el pago de deuda y el sostenimiento de exoneraciones sin mecanismos eficaces de evaluación.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 la pobreza afectaba al 62.9% de la población, y la pobreza extrema al 23.4%. En ese contexto, destinar más del 13% del presupuesto a deuda y mantener privilegios tributarios a grandes conglomerados resulta, para algunos analistas, una señal clara de desconexión con las necesidades reales de la mayoría.
Además, el presupuesto no incluye medidas concretas de evaluación de impacto social o revisiones integrales al sistema de exoneraciones, algo que ya había sido recomendado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL en años anteriores.
¿Plan de inclusión o consolidación de élites?
El presupuesto aprobado plantea un dilema: mientras se promueve como instrumento de desarrollo y reactivación, sus cifras clave sugieren un rumbo diferente. Las partidas destinadas a inversión social no logran romper con la tendencia de subejecución, y las transferencias fiscales siguen sin tocar intereses estructurales.
Según la Secretaría de Finanzas, las proyecciones macroeconómicas para 2025 dependen de una consolidación fiscal gradual. Pero sin una reforma tributaria progresiva o una revisión exhaustiva de exoneraciones, el margen para financiar derechos básicos sigue siendo limitado. «No hay redistribución posible si el sistema sigue beneficiando a quienes más tienen», señala Salgado.
En este escenario, los sectores más vulnerables —campesinos, mujeres, trabajadores informales— continúan dependiendo de programas focalizados o asistencias puntuales que no sustituyen una política social integral. A eso se suma la falta de transparencia en algunos proyectos de inversión pública y baja ejecución en áreas clave como agua potable y vivienda.
El último lempira: ¿Quién decide su destino?
El presupuesto nacional es, en esencia, una hoja de ruta del país. En Honduras, para 2025, esa ruta parece marcada más por compromisos financieros que por las necesidades urgentes de la población. El contraste entre los L.67,319.5 millones para deuda, los L.66,030.6 millones en exoneraciones, y las cifras asignadas a salud y educación no deja mucho margen para la interpretación.
La estructura del gasto evidencia una continuidad que beneficia a sectores que ya concentran poder económico. En un país donde 6 de cada 10 personas vive en pobreza, cada lempira mal dirigido tiene un costo humano. La pregunta no es si el presupuesto alcanza, sino a quién le sirve. Y por ahora, los números dan una respuesta que incomoda.
