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Fin del TPS: las remesas en peligro y un golpe directo al PIB por la incapacidad de Castro para negociar

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La salida de migrantes legales podría afectar el 27 % de la economía nacional según cifras del BCH.Después de 26 años amparados por un permiso temporal, más de 55,000 hondureños podrían ser deportados de Estados Unidos. Mientras El Salvador logró renovarlo, Honduras enfrenta una salida masiva que pondrá a prueba su frágil economía y su débil política migratoria.

Tegucigalpa. El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) fue creado por el gobierno de Estados Unidos en 1990 para brindar protección humanitaria a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias. En el caso de Honduras, fue otorgado en 1999 tras el devastador paso del huracán Mitch, que dejó más de 11,000 muertos en Centroamérica y destruyó infraestructuras clave del país.

Desde entonces, el programa ha sido renovado más de una docena de veces por sucesivas administraciones estadounidenses, permitiendo que más de 55,000 hondureños residan y trabajen legalmente en EE. UU. Lo mismo ocurrió con ciudadanos de El Salvador, Nicaragua y Haití, entre otros países. En total, más de 400,000 personas han estado amparadas por este beneficio a lo largo de tres décadas.

Un pilar de la economía hondureña

Los beneficiarios hondureños del TPS, conocidos como “tepesianos”, han sido clave para el sostenimiento económico de decenas de miles de familias. Solo en 2023, según cifras del Banco Central de Honduras (BCH), el país recibió más de 9,000 millones de dólares en remesas, lo que representa casi el 27 % del PIB nacional. Una parte significativa de esas transferencias proviene de quienes residen en Estados Unidos bajo el amparo del TPS.

El fin del programa, confirmado este 8 de septiembre de 2025, no solo deja a miles de personas en un limbo migratorio: también pone en riesgo la estabilidad económica de comunidades enteras en los departamentos de Olancho, Francisco Morazán, Yoro y Cortés, donde el flujo de remesas ha sido un salvavidas frente al desempleo, la pobreza y la inseguridad.

Silencio diplomático y comparaciones dolorosas

Mientras El Salvador logró renovar el TPS para más de 190,000 compatriotas hasta el 2026, la situación de Honduras ha sido completamente distinta. La administración de Xiomara Castro no consiguió una prórroga, lo que ha sido interpretado por analistas como una señal del enfriamiento de las relaciones diplomáticas con Washington.

“Esta es una consecuencia directa de una relación exterior mal manejada”, sostuvo el diputado liberal Marlon Lara, quien calificó como “irresponsable” la falta de presión diplomática del gobierno hondureño para garantizar la continuidad del programa.

El coordinador del Observatorio de Migraciones Internacionales de Honduras (OMIH), César Castillo, fue más allá: “Hoy se cumple el plazo para que los hondureños abandonen Estados Unidos. Quien se quede, enfrentará multas de hasta 1,000 dólares diarios y la posible confiscación de bienes”. La advertencia subraya la gravedad del momento.

Volver a un país que expulsó

La otra cara del TPS es el país al que se regresa. Y en el caso de Honduras, el panorama no ofrece ningún tipo de red de protección. Los retornados enfrentarán un contexto marcado por la violencia criminal, el desempleo estructural y la precariedad institucional. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más del 60 % de la población vive en situación de pobreza, y solo uno de cada tres jóvenes logra acceder a empleos formales.

Para muchos, regresar no es una opción viable. “Señora presidenta, se cagó en todos nosotros diciendo que Honduras estaba bien, pero todos sabemos que Honduras no está bien”, declaró una migrante hondureña desde Nueva York que prefirió el anonimato. Su testimonio, reproducido en varios medios, refleja el sentimiento de abandono y traición entre la diáspora.

Los efectos de un retorno forzado

La eventual deportación masiva de los “tepesianos” tendría consecuencias multidimensionales para Honduras:

  1. Económicas: una caída en el ingreso por remesas, con impacto inmediato en el consumo, el tipo de cambio y las reservas internacionales.

  2. Laborales: el mercado hondureño no tiene capacidad de absorción para decenas de miles de nuevos demandantes de empleo.

  3. Sociales: incremento de la presión sobre servicios básicos como salud, educación y vivienda, especialmente en zonas urbanas del Valle de Sula y Tegucigalpa.

  4. Políticas: mayor tensión entre el gobierno y sectores migrantes, que demandan soluciones concretas y planes de reintegración.

Según estimaciones del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), un retorno abrupto de los tepesianos podría generar una contracción de hasta el 2 % del PIB en 2026, además de tensiones sociales en barrios que ya lidian con la migración de retorno desde México.

Una decisión sin vuelta atrás

Desde Washington, las señales no son alentadoras. Aunque algunas organizaciones como America’s Voice y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes han instado a una nueva extensión del TPS para Honduras, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha mantenido su postura: la situación interna de Honduras “ya no justifica una protección temporal”.

Esta narrativa es rechazada por activistas, economistas y los propios migrantes, quienes argumentan que el país sigue enfrentando causas estructurales de expulsión: violencia, corrupción, falta de oportunidades y efectos climáticos cada vez más extremos.

¿Y ahora qué?

El dilema que enfrentan los 55,000 hondureños con TPS es brutal: volver a un país que no ofrece garantías, o quedarse en Estados Unidos en condición irregular, expuestos a detenciones, deportaciones y pérdida de sus bienes acumulados tras más de dos décadas de esfuerzo.

La decisión, personal y colectiva, implica también un mensaje para el gobierno de Honduras: la diáspora exige una política migratoria seria, profesional y estratégica, que no se limite a discursos, sino que incluya planes de reinserción, incentivos económicos y apoyo psicosocial.

Porque cuando se apagan las cámaras, cuando termina el discurso y cuando el TPS caduca, lo que queda es el peso del retorno, sin red, sin horizonte y con la sensación amarga de haber sido desechados.

Por Linda Gutiérrez

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