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Criptomonedas, bancos e inmobiliarias bajo nuevas reglas contra el lavado de activos en Honduras

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La reforma aprobada por el Congreso Nacional modifica tres leyes vinculadas con el lavado de activos, incorpora estándares internacionales y tiene implicaciones para bancos, empresas, profesionales y sectores no financieros.

La aprobación de las reformas a la legislación contra el lavado de activos, el 17 de noviembre de 2026, introduce cambios que van más allá de la banca hondureña. El paquete legislativo alcanza a actividades económicas no financieras, modifica mecanismos de investigación patrimonial y actualiza disposiciones relacionadas con la detección de operaciones sospechosas.

El alcance económico de esta decisión está en la forma en que Honduras identifica, supervisa y rastrea el dinero que circula por su sistema financiero y por actividades comerciales, profesionales e inmobiliarias. Para las empresas, las instituciones financieras y los operadores económicos, el cumplimiento de las obligaciones de prevención y debida diligencia adquiere especial relevancia.

La aprobación legislativa, sin embargo, no significa que todas las disposiciones estén automáticamente vigentes. El decreto debe completar el trámite correspondiente ante el Poder Ejecutivo y publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

SOYDATOS EXPRESS | 5 cambios que deben conocer las empresas y el sistema financiero

1. Cuatro leyes bajo reforma. Aunque la información inicial destaca tres normativas, el paquete legislativo también modifica la Ley del Sistema Financiero, contenida en el Decreto 129-2004. El Congreso informó que el dictamen contiene siete apartados y modificaciones a cuatro cuerpos legales.

2. Criptomonedas bajo supervisión. La reforma incorpora disposiciones para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), incluidas plataformas de intercambio y empresas que administran billeteras digitales.

3. Más actividades económicas sujetas a controles. Abogados, notarios, contadores, inmobiliarias, comerciantes de metales preciosos y otros operadores quedan comprendidos en disposiciones de prevención y debida diligencia cuando realizan las actividades reguladas.

4. Cinco años de conservación documental. El proyecto incorpora obligaciones de respaldo y conservación de documentación relacionada con la debida diligencia, las relaciones comerciales y las transacciones.

5. Declaración de efectivo en aduanas. El texto discutido contempla elevar de US$10,000 a US$15,000 el umbral de declaración obligatoria para el transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador.

¿Por qué esta reforma tiene importancia económica para Honduras?

El lavado de activos no representa únicamente un problema policial o judicial. También afecta la integridad de los mercados, la competencia empresarial, la reputación financiera de un país y la capacidad de sus instituciones para identificar quién controla realmente los recursos que circulan en la economía.

En una economía integrada al comercio internacional, los bancos corresponsales, los inversionistas, los organismos multilaterales y las entidades financieras extranjeras necesitan mecanismos confiables para identificar clientes, beneficiarios finales, procedencia de fondos y operaciones de riesgo.

Por esa razón, el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de su organismo regional, el GAFILAT, tiene implicaciones que trascienden la persecución del delito. La calidad del sistema de prevención también interviene en la evaluación del riesgo financiero que representa un país.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, vinculó públicamente la aprobación con el riesgo de que Honduras ingrese a la lista gris del GAFI. Esa advertencia debe entenderse como una preocupación institucional expresada durante el proceso legislativo, no como una confirmación de que el país haya sido incorporado a esa lista.

Para Honduras, el desafío consiste en demostrar que las nuevas disposiciones pueden traducirse en supervisión efectiva, investigaciones financieras y capacidad institucional, además de cumplir formalmente con los estándares internacionales.

¿Qué cambia para los bancos, financieras y cooperativas?

Las instituciones financieras constituyen una de las primeras líneas de control porque reciben depósitos, procesan transferencias, otorgan créditos y mantienen relaciones comerciales con personas naturales y jurídicas.

La reforma busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones y los procedimientos para identificar a los clientes y a los beneficiarios finales. Esto implica prestar atención no solamente al titular de una cuenta, sino también a las personas naturales que ejercen la propiedad o el control efectivo de una empresa.

Un aspecto importante del texto debatido es la incorporación de garantías frente a decisiones de exclusión financiera. La propuesta establece que bancos, cooperativas y financieras no deben cerrar, limitar o negar servicios únicamente porque una persona haya sido requerida por el Ministerio Público, figure en un reporte de operación sospechosa o tenga condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP). Las decisiones deben sustentarse en una evaluación individual del riesgo.

Esto introduce una distinción relevante: una alerta financiera no equivale por sí misma a una declaración de culpabilidad. Las instituciones deben aplicar controles, documentar sus decisiones y cumplir sus obligaciones de reporte, sin convertir automáticamente una señal de riesgo en una exclusión injustificada del sistema financiero.

¿Qué sectores empresariales quedan bajo mayor vigilancia?

La ampliación de los controles sobre las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) lleva la prevención del lavado de activos más allá de las instituciones bancarias.

SECTORES ALCANZADOS POR LAS DISPOSICIONES

Actividad Relevancia para la prevención
Bienes raíces Identificación de compradores, vendedores y beneficiarios finales
Abogados y notarios Controles en determinadas operaciones corporativas y financieras
Contadores Identificación de operaciones y estructuras económicas sujetas a regulación
Comercio de metales preciosos Trazabilidad de operaciones y procedencia de recursos
Casinos Identificación de clientes y movimientos de fondos
Automóviles Controles sobre operaciones comerciales reguladas
Activos virtuales Identificación de usuarios y trazabilidad de transacciones

La incorporación de estos sectores tiene una explicación económica: una operación de lavado puede utilizar sociedades mercantiles, compraventas inmobiliarias, activos virtuales o transacciones comerciales para introducir recursos ilícitos en actividades aparentemente legítimas.

Por tanto, la responsabilidad preventiva no se concentra exclusivamente en el banco donde termina el dinero. También alcanza a los intermediarios y operadores que participan en determinadas operaciones.

¿Qué cambia para las criptomonedas y las transferencias electrónicas?

La incorporación de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales constituye uno de los cambios tecnológicos más relevantes del paquete legislativo. Las plataformas de intercambio de criptomonedas y los administradores de billeteras digitales pasan a tener un marco específico de supervisión.

El decreto incorpora un nuevo capítulo, del artículo 35 al 41, en la Ley Especial contra el Lavado de Activos y contempla la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (REPSAV), bajo supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

Esto significa que el mercado de activos virtuales deja de ser tratado únicamente desde la perspectiva de las operaciones bancarias tradicionales. Las empresas que prestan estos servicios deberán sujetarse a mecanismos de identificación, registro y control de sus usuarios y operaciones.

La trazabilidad de las transferencias electrónicas nacionales e internacionales también forma parte de los cambios discutidos. La información de quienes ordenan y reciben los fondos adquiere importancia para reconstruir el recorrido del dinero y facilitar la detección de operaciones que no correspondan con el perfil económico de sus participantes.

Para Honduras, este componente tiene relevancia en un entorno donde los pagos digitales, las transferencias internacionales y los activos virtuales forman parte de una economía cada vez más conectada.

¿Qué cambia en la investigación y recuperación de bienes?

La reforma de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito introduce modificaciones que afectan la manera en que las autoridades pueden asegurar y administrar los patrimonios investigados.

Este capítulo tiene implicaciones directas para la seguridad jurídica de las personas y las empresas, porque establece diferencias entre asegurar un bien, incautarlo materialmente y resolver definitivamente su situación patrimonial.

Entre los cambios reportados destacan:

  • Aseguramiento registral: se establece como medida cautelar ordinaria, mientras que la incautación material queda como recurso subsidiario y excepcional.

  • Plazos: las medidas cautelares tendrán un máximo de seis meses, prorrogables por otro período igual.

  • Protección de terceros: se incorporan garantías para los terceros de buena fe.

  • Vivienda familiar: se contemplan protecciones para el domicilio familiar.

  • Investigación patrimonial: se regulan etapas administrativas y se incorpora obligatoriamente a la Procuraduría General de la República en los procedimientos correspondientes.

  • Administración de bienes: se precisan disposiciones sobre la actuación de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

La importancia económica de estas modificaciones está en equilibrar dos objetivos: impedir que los patrimonios provenientes de actividades ilícitas continúen circulando en la economía y preservar las garantías legales de quienes son objeto de investigaciones, así como de terceros que hayan adquirido bienes legítimamente.

¿Por qué preocupa la lista gris del GAFI?

El GAFI establece recomendaciones internacionales para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. El GAFILAT desarrolla este trabajo en América Latina.

La llamada lista gris comprende jurisdicciones que presentan deficiencias estratégicas en sus sistemas de prevención y combate de estos delitos y que mantienen compromisos de trabajo con el organismo para corregirlas.

La preocupación para Honduras tiene una dimensión financiera concreta. Una evaluación negativa puede elevar la percepción de riesgo de las instituciones extranjeras que mantienen relaciones con bancos hondureños y aumentar los controles aplicados a las operaciones internacionales.

Entre las áreas que pueden verse afectadas se encuentran:

  1. Banca corresponsal: las entidades extranjeras pueden aplicar controles adicionales a sus relaciones con instituciones hondureñas.

  2. Comercio exterior: las transferencias relacionadas con importaciones y exportaciones pueden enfrentar mayores verificaciones.

  3. Inversión extranjera: los inversionistas pueden exigir más información sobre estructuras societarias, beneficiarios finales y origen del capital.

  4. Crédito internacional: los organismos financieros y prestamistas pueden incorporar una evaluación de riesgo país más exigente.

  5. Remesas y transferencias: los intermediarios pueden reforzar los procedimientos de identificación y revisión de operaciones.

Es importante precisar que estos son canales potenciales de transmisión del riesgo, no consecuencias automáticas ni pérdidas económicas cuantificadas para Honduras. La aprobación de una reforma tampoco garantiza por sí sola una evaluación internacional favorable.

Las cifras legislativas de la reforma

4

Leyes intervenidas

88

Artículos modificados, adicionados o derogados

80

Páginas del documento de dictamen

6 + 6

Meses máximos para medidas cautelares, con prórroga

Cifras reportadas durante la aprobación legislativa del 17 de noviembre de 2026.

Las cuatro leyes comprendidas en el paquete son:

Legislación Decreto
Ley Especial contra el Lavado de Activos 144-2014
Ley de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas 131-2014
Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito 27-2010
Ley del Sistema Financiero 129-2004

El mayor número de intervenciones corresponde a la Ley Especial contra el Lavado de Activos, con 44 disposiciones intervenidas: 29 artículos reformados, 14 adicionados y uno derogado.

¿Qué debe observar ahora el sector privado?

La aprobación legislativa coloca a las empresas frente a una etapa de adaptación normativa. Sin anticipar obligaciones específicas que dependerán del texto definitivo y de su reglamentación, hay cinco áreas que merecen atención:

  • Gobierno corporativo: revisar quiénes son los propietarios y beneficiarios finales de las sociedades.

  • Documentación financiera: mantener respaldo verificable de las operaciones y de la procedencia de los recursos.

  • Gestión de riesgos: actualizar los procedimientos de identificación y clasificación de clientes y operaciones.

  • Controles internos: revisar los mecanismos para detectar y reportar transacciones inusuales o sospechosas.

  • Capacitación: preparar a los equipos financieros, administrativos, jurídicos y de cumplimiento para los nuevos requerimientos.

Para las pequeñas y medianas empresas, el reto será incorporar procedimientos proporcionales a su actividad y nivel de riesgo. Para los bancos y las grandes compañías, la atención se concentra también en la trazabilidad de operaciones complejas, las estructuras empresariales y las relaciones con terceros.

La diferencia entre cumplir formalmente y contar con un sistema efectivo de prevención estará en la capacidad de demostrar documentalmente cómo se originan los recursos, quién controla las operaciones y por qué una transacción resulta coherente con la actividad económica declarada.

¿Cuál es el siguiente paso para que la reforma entre en vigencia?

Después de su aprobación en el Congreso Nacional, el decreto debe completar el procedimiento constitucional correspondiente, incluida su remisión al Poder Ejecutivo, la sanción o las actuaciones que procedan y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Posteriormente, la aplicación práctica dependerá de las disposiciones reglamentarias, las instrucciones de los organismos supervisores y los mecanismos de implementación que correspondan.

La CNBS, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público y las instituciones involucradas tendrán un papel importante en la aplicación del nuevo marco.

La aprobación legislativa es el primer paso de una transformación que deberá medirse por sus resultados: capacidad de investigar operaciones, identificar beneficiarios finales, recuperar activos ilícitos y preservar la confianza en el sistema financiero hondureño.

La mirada de la directora de SOYDATOS

La reforma tiene una dimensión que merece atención desde la perspectiva empresarial: la confianza financiera también es un activo económico de Honduras.

Un país necesita que sus bancos puedan operar con corresponsales internacionales, que sus exportadores reciban pagos, que sus importadores transfieran recursos y que sus empresas accedan a financiamiento sin enfrentar barreras derivadas de una percepción elevada de riesgo.

La actualización de las leyes es importante, pero su efectividad dependerá de la aplicación institucional, la calidad de las investigaciones y el respeto a la seguridad jurídica. La prevención del lavado no puede convertirse en una presunción generalizada de culpabilidad ni en un mecanismo de exclusión financiera.

El verdadero resultado que Honduras necesita es un sistema capaz de distinguir el capital legítimo del dinero de origen ilícito, proteger a quienes cumplen las reglas y cerrar espacios a las estructuras criminales. Esa combinación es fundamental para preservar la reputación financiera, la inversión y la competitividad del país.

Por Linda Gutiérrez

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