El Congreso Nacional negocia una reforma energética que combina cambios legales, protección estatal de la ENEE, transmisión, pérdidas y precios eléctricos.
La nueva reforma energética que discute el Congreso Nacional no es una sola propuesta ni una decisión inmediata sobre la ENEE. El proceso reúne el proyecto enviado por el presidente Nasry Asfura, una contrapropuesta del Partido Liberal, negociaciones entre bancadas y modificaciones orientadas a resolver problemas de transmisión, pérdidas, compras de energía y costos. Según Tomás Zambrano, los consensos ya están suficientemente avanzados para intentar llevar el decreto a votación.
Para entender qué está ocurriendo —y qué todavía falta—, estas son las seis claves del proceso.
1. ¿De dónde sale la nueva Ley de Reforma Energética?
El punto de partida es una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Nasry Asfura, para reformar el marco del subsector eléctrico y enfrentar la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Sin embargo, el proyecto original no avanzó directamente hacia una aprobación automática. Durante el proceso legislativo surgieron observaciones y propuestas de otras fuerzas políticas, especialmente del Partido Liberal, cuya bancada elaboró una contrapropuesta sobre varios aspectos del sistema eléctrico.
Eso transformó el trámite en una negociación legislativa. La discusión dejó de ser simplemente si se aprobaba o rechazaba el proyecto enviado por el Ejecutivo y pasó a centrarse en cómo construir un texto único que incorporara los puntos donde existiera coincidencia política y técnica.
El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, afirmó el 27 de agosto que las propuestas del Ejecutivo y del Partido Liberal coincidían aproximadamente en 90 %, mientras que el consenso general para aprobar las reformas se encontraba, según su declaración, cercano al 95 %. La cifra corresponde a una valoración política del proceso y no a una medición técnica independiente del contenido legal.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó un día después que existían consensos avanzados entre diputados de diferentes bancadas y que varias propuestas liberales habían sido aceptadas dentro de la negociación.
La primera clave, entonces, es esta: la reforma que eventualmente llegue a votación puede no ser idéntica al texto originalmente enviado por el Poder Ejecutivo. El documento ha pasado por un proceso de negociación política y todavía depende de la redacción final que sea presentada ante el pleno.
2. ¿Por qué el Congreso Nacional no aprobó inmediatamente la reforma?
Porque una reforma de esta dimensión necesita superar varias etapas políticas antes de convertirse en ley. En este caso, el principal obstáculo no ha sido únicamente jurídico: ha sido la construcción de una mayoría legislativa capaz de respaldar el texto.
Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, ha insistido en que el proceso requería diálogo con las bancadas y revisión de las propuestas presentadas por otros sectores políticos. La bancada liberal, por su parte, ha sostenido que estaba preparada para debatir la iniciativa, pero ha defendido que su propuesta contiene mecanismos distintos y garantías adicionales.
El proceso puede entenderse en esta secuencia:
- El Poder Ejecutivo presenta su propuesta de reforma.
- El Congreso Nacional inicia la discusión legislativa.
- El Partido Liberal presenta observaciones y una contrapropuesta.
- La Comisión de Energía y representantes políticos negocian coincidencias.
- Se construye un texto consensuado para continuar el trámite.
- El pleno debe votar el contenido definitivo conforme al procedimiento legislativo.
Este punto es importante porque la discusión pública ha mezclado frecuentemente el contenido de diferentes propuestas. La ley que finalmente se vote será la versión que resulte del consenso legislativo, no necesariamente cada planteamiento individual presentado durante las negociaciones.
La consecuencia institucional es directa: hasta que el Congreso Nacional conozca y vote el texto definitivo, todavía será necesario distinguir entre las declaraciones políticas, las propuestas de bancada y el contenido legal que finalmente quede aprobado.
3. ¿La reforma significa privatizar la ENEE?
Uno de los principales puntos de la negociación ha sido precisamente establecer garantías sobre la propiedad estatal de la ENEE.
El Partido Liberal, según explicó su jefe de bancada Jorge Cálix, sostiene que su propuesta busca mantener a la ENEE como empresa pública, mientras plantea cambios en la manera en que el Estado compra energía y en los mecanismos de competencia del mercado eléctrico.
Desde el Congreso Nacional, Tomás Zambrano también ha afirmado que la reforma no contempla la venta de los bienes de la empresa estatal ni la privatización de la ENEE. En las negociaciones se ha discutido incluso la posibilidad de reforzar legalmente los mecanismos de protección de los activos estatales.
Entre las propuestas mencionadas públicamente figura un mecanismo de blindaje político y legal para impedir que una futura decisión sobre la venta de activos estratégicos pueda realizarse con una mayoría simple. Según declaraciones recogidas durante el proceso, una eventual reforma en esa materia podría requerir una mayoría de 86 votos en el Congreso Nacional.
Aquí está la diferencia central que debe entenderse: modernizar una empresa estatal no significa necesariamente transferir su propiedad al sector privado.
La reforma puede modificar reglas de operación, contratación, inversión, transmisión o generación sin cambiar la propiedad pública de la empresa. Precisamente por eso, el texto final será determinante: deberá establecer con claridad qué actividades permanecen bajo responsabilidad estatal, cuáles pueden abrirse a inversión y bajo qué reglas funcionará el sistema.
4. ¿Cuál es el verdadero problema: la ENEE, los apagones o el precio de la energía?
La respuesta es que los tres problemas están conectados, aunque no son exactamente lo mismo.
Tomás Zambrano ha colocado entre las prioridades el deterioro de la infraestructura de transmisión. Según sus declaraciones, existen sistemas y redes con décadas de antigüedad, mientras la información divulgada durante el debate ha señalado que parte de la infraestructura tiene entre 30 y 40 años o más.
La transmisión es fundamental porque permite mover la electricidad desde los centros de generación hacia los lugares donde se consume. Un país puede tener capacidad para producir energía, pero enfrentar problemas si las redes no tienen suficiente capacidad, requieren modernización o no pueden responder a una mayor demanda.
El segundo problema son las pérdidas. Durante el debate legislativo se han citado pérdidas asociadas al hurto de energía y otras ineficiencias que, según declaraciones de autoridades y diputados, alcanzan alrededor de L16,000 millones anuales, equivalentes a más de L50 millones diarios. Estas cifras han sido utilizadas como uno de los principales argumentos para acelerar la reforma.
El tercer problema es el costo de compra de la electricidad. Aquí se concentra la propuesta defendida por Jorge Cálix.
El jefe de bancada liberal sostiene que el debate no debe limitarse a la discusión sobre privatización. Su argumento es que el Estado necesita mecanismos para adquirir energía a precios competitivos y transparentes, evitando que las compras a costos elevados terminen trasladándose a las finanzas públicas y, eventualmente, a los consumidores.
Por eso, la reforma reúne tres niveles diferentes de discusión:
Infraestructura: cómo mejorar las redes y el sistema de transmisión.
Finanzas: cómo reducir pérdidas que afectan a la empresa estatal.
Mercado eléctrico: cómo comprar energía bajo mecanismos que permitan competencia y mejores precios.
5. ¿Qué propone Jorge Cálix y por qué el precio se volvió el centro del debate?
La propuesta defendida por Jorge Cálix, jefe de la bancada del Partido Liberal, introduce uno de los temas económicos más importantes de toda la reforma: cuánto paga Honduras por la electricidad que compra.
Cálix ha planteado que la prioridad debe ser conseguir energía al menor costo posible, independientemente de la tecnología utilizada, siempre que el proceso cumpla las condiciones legales y de competencia correspondientes. En sus declaraciones mencionó fuentes como gas, energía eólica, solar, hídrica o térmica como parte de una discusión donde, según su posición, el criterio central debe ser el precio.
La propuesta liberal incluye la defensa de licitaciones públicas y restricciones a las compras directas, con el objetivo de aumentar la competencia entre generadores.
El mecanismo económico es relativamente directo: cuando existe un proceso competitivo, diferentes empresas pueden presentar ofertas y el Estado puede comparar precios y condiciones. Pero el resultado depende del diseño de las reglas, la transparencia del proceso, la calidad de los contratos y la supervisión institucional.
Por eso, una licitación no garantiza automáticamente energía barata. Lo que puede crear es un procedimiento para competir por contratos bajo reglas previamente definidas.
El otro punto planteado por Cálix es el de los subsidios. Su posición es que el Estado puede subsidiar a los sectores de menores ingresos cuando sea necesario, pero que esos subsidios deben diferenciarse del problema estructural de comprar electricidad a precios elevados.
6. ¿Qué muestran los datos cuando Honduras se compara con Centroamérica?
La discusión sobre la nueva Ley de Reforma Energética ocurre en una economía donde el costo y la calidad de la electricidad deben analizarse junto con la capacidad económica de hogares y empresas. Honduras tenía un PIB per cápita de US$3,598.2 en 2025, frente a US$6,598.2 en Guatemala y US$5,766.7 en El Salvador, según los datos más recientes del Banco Mundial. Eso significa que el ingreso promedio por habitante en Honduras es aproximadamente 45 % menor que en Guatemala y 38 % menor que en El Salvador.
La comparación importa porque una tarifa eléctrica no tiene el mismo peso económico en países con diferentes niveles de ingreso. Honduras enfrenta el desafío de mejorar la calidad y confiabilidad del sistema eléctrico mientras su población y sus empresas operan con una capacidad económica inferior a la de varios de sus vecinos centroamericanos.
Los datos regionales muestran la siguiente diferencia en PIB per cápita durante 2024, utilizando cifras comparables del Banco Mundial: Costa Rica registró US$18,587.2, Guatemala US$6,150, El Salvador US$5,579.7, Honduras US$3,426.4 y Nicaragua US$2,847.5. Honduras se encuentra, por tanto, muy por debajo de las economías de mayor ingreso de Centroamérica y solo por encima de Nicaragua dentro de esta comparación.
Los datos duros que explican el tamaño del problema
- US$3,598.2: PIB per cápita de Honduras en 2025.
- US$6,598.2: PIB per cápita de Guatemala, casi US$3,000 más por habitante que Honduras.
- US$5,766.7: PIB per cápita de El Salvador, más de US$2,100 superior al hondureño.
- US$18,587.2: PIB per cápita de Costa Rica en 2024, más de cinco veces el nivel registrado por Honduras.
- 95.5 %: acceso de la población hondureña a la electricidad en 2024.
- 98.7 %: acceso a electricidad en El Salvador.
- 90.9 %: acceso en Guatemala, lo que muestra que Honduras tiene una cobertura relativamente mayor, pero enfrenta problemas distintos relacionados con la calidad, pérdidas y sostenibilidad financiera del sistema.
La comparación regional también obliga a separar dos indicadores que suelen confundirse: tener acceso a electricidad no significa necesariamente tener un sistema eficiente, confiable o financieramente sostenible. Honduras alcanzó una cobertura eléctrica superior al 95 %, pero la discusión legislativa se concentra ahora en problemas de pérdidas, infraestructura de transmisión, costos de compra y situación financiera de la ENEE.
En ese contexto, la reforma no parte de cero. La CEPAL publicó en mayo de 2026 su actualización estadística del subsector eléctrico para los países del SICA, con información principalmente actualizada hasta 2024 sobre generación, distribución, mercados mayoristas, mercados regulados y transacciones regionales. El documento confirma que Honduras debe analizar su sistema dentro de un mercado regional donde los países compiten por inversión, desarrollan diferentes matrices energéticas y utilizan mecanismos distintos para organizar la compra y distribución de electricidad.
El problema financiero de la ENEE agrega otra dimensión. El Fondo Monetario Internacional reportó que los atrasos de la empresa alcanzaron aproximadamente L12,500 millones al cierre de 2025 y cerca de L18,700 millones en abril de 2026, mientras las pérdidas del sistema continuaban siendo uno de los principales desafíos para la recuperación financiera de la estatal.
La relación entre estos números es el dato central para entender la nueva ley: Honduras necesita financiar y modernizar un sistema eléctrico complejo mientras tiene uno de los niveles de ingreso por habitante más bajos entre las principales economías de Centroamérica.
Por eso, la discusión sobre licitaciones, precios de compra, pérdidas y transmisión tiene una consecuencia económica concreta. Cada ineficiencia del sistema puede terminar presionando las finanzas de la ENEE, el presupuesto público, los subsidios o los costos que enfrentan hogares y empresas.
La votación en el Congreso Nacional definirá el marco legal, pero los resultados posteriores podrán medirse con indicadores específicos: reducción de pérdidas, evolución de los atrasos de la ENEE, inversión en transmisión, costo de compra de energía, continuidad del servicio y capacidad del sistema para sostenerse financieramente.
¿Qué debe vigilar Honduras después de aprobar la nueva Ley de Reforma Energética?
La aprobación de una ley será solamente el punto de partida de un proceso que deberá producir resultados medibles. Para saber si la reforma funciona, el debate posterior deberá concentrarse menos en declaraciones políticas y más en cifras.
Los indicadores serán claros: cuántas pérdidas reduce la ENEE, cuánto disminuyen sus atrasos, cuánto cuesta comprar nueva energía, cuánto se invierte en transmisión y cómo evoluciona la calidad del servicio.
En un país con un PIB per cápita de US$3,598.2, la eficiencia del sistema eléctrico tiene un impacto mayor sobre la competitividad y el costo de vida que en economías regionales con ingresos considerablemente superiores. Esa es la dimensión económica que coloca a la reforma energética entre las decisiones institucionales más relevantes para Honduras.
