La ministra de Educación, Arely Argueta Padilla, confirmó este 16 de febrero de 2026 que la Secretaría inició un proceso de revisión administrativa que incluye el retorno de al menos 100 a 120 empleados a sus departamentos de origen, la suspensión de nuevas permanencias y un análisis legal de nombramientos heredados.
Las declaraciones se produjeron en medio de cuestionamientos sobre presuntas plazas irregulares, traslados al nivel central y contrataciones realizadas al cierre de la administración anterior. La funcionaria defendió que su gestión no permitirá decisiones que “debiliten técnicamente” las direcciones departamentales.
Retorno obligatorio al departamento de origen
La ministra explicó que se detectó un grupo de empleados nombrados en direcciones departamentales del interior del país, pero que actualmente laboran en el Centro Cívico Gubernamental, sede del nivel central de la Secretaría.
“No puedo ser irresponsable en transferir plazas y debilitar las direcciones departamentales”, afirmó Argueta. Señaló que mantener ese personal en Tegucigalpa afecta la operatividad en los departamentos donde oficialmente están asignados.
Según detalló, se trata de aproximadamente 100 a 120 plazas provenientes de distintos departamentos. Estas personas deberán retornar a sus lugares de nombramiento, ya que la Secretaría no autorizará el traslado formal de esas plazas al nivel central.
La ministra insistió en que la prioridad es fortalecer las estructuras departamentales y distritales, no concentrar personal en oficinas administrativas.
No hay planillas fantasmas, pero sí revisión en curso
Consultada sobre la existencia de plazas fantasmas, Argueta aseguró que hasta el momento no se han identificado planillas irregulares en ese sentido. Sin embargo, confirmó que se realiza un estudio integral de la situación.
“En este momento no tenemos planillas fantasmas, pero se está haciendo un estudio de toda esta situación”, explicó. Indicó que ya hay personal técnico y jurídico asignado a la revisión de los casos.
También aclaró que, hasta ahora, la Secretaría no ha recibido denuncias formales ante el Ministerio Público relacionadas con el exministro o con docentes específicos.
Nombramientos en plazas plenas bajo revisión
Uno de los puntos más delicados señalados por la ministra es la existencia de nombramientos en plazas plenas realizados cuando los centros educativos estaban cerrados en enero.
Argueta explicó que una plaza plena requiere un estudio técnico previo que debe contar con el aval de la Secretaría de Finanzas y la validación del director del centro educativo correspondiente. “No sabemos si se ocupa o no se ocupa el docente al que se está nombrando”, subrayó.
Por esa razón, los expedientes fueron detenidos y actualmente solo se están autorizando interinatos mientras se revisa cada caso. “No podemos dar permanencia hasta que se haga el estudio completo de cada expediente”, afirmó.
La revisión incluye análisis legal por parte de los abogados de la Secretaría.
El caso del exministro y la jornada inexistente
Durante la conferencia también se abordó la situación de un exministro de Educación, quien figura con nombramientos en asistencia técnica y en un colegio nocturno donde, según se señaló, no existe jornada nocturna.
Argueta confirmó que el exfuncionario solicitó una licencia por razones gremiales. Recordó que la ley permite a dirigentes magisteriales contar con licencia con goce de sueldo mientras formen parte de directivas de colegios magisteriales.
No obstante, indicó que se deberá revisar quién asignó el centro educativo y bajo qué procedimiento. “Tendríamos que ver el expediente completo”, dijo, dejando abierta la posibilidad de medidas administrativas si se detectan inconsistencias.
Reestructuración en todos los niveles
La ministra confirmó que la Secretaría inició una reestructuración que abarca:
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Direcciones distritales
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Direcciones municipales
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Direcciones departamentales
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Nivel central
“Estamos haciendo reestructuraciones en todos los niveles”, aseguró. El objetivo es corregir distorsiones administrativas y redistribuir personal conforme a necesidades reales.
En ese marco, reiteró que los docentes continúan laborando con normalidad, aunque los nuevos casos están bajo modalidad de interinato mientras se completan los estudios técnicos.
Presupuesto limitado y sobrepoblación heredada
Argueta reconoció que el mayor desafío es presupuestario. La Secretaría trabaja actualmente con el presupuesto heredado y espera gestionar ampliaciones debido a la situación económica y a la sobrepoblación de personal.
“El mayor presupuesto de la Secretaría se va en pago de personal docente y administrativo”, explicó. Según sus estimaciones preliminares, la institución heredó alrededor de 5,000 empleados adicionales, entre servicio civil y docencia.
No precisó el porcentaje exacto del presupuesto destinado a salarios, pero reconoció que el rubro absorbe la mayor parte de los recursos disponibles.
La ministra tampoco confirmó el número total de plazas bajo revisión por posibles irregularidades en el procedimiento, ya que los abogados continúan elaborando el informe técnico.
Sin denuncias por extorsión ni presiones gremiales
Ante versiones sobre posibles presiones o extorsiones de dirigentes magisteriales, Argueta negó categóricamente cualquier intento de chantaje.
“En ningún momento he sido extorsionada por la dirigencia magisterial”, afirmó. Indicó que la relación con los gremios se mantiene en el marco institucional y que cualquier reunión deberá solicitarse formalmente.
Reiteró que los dirigentes tienen derecho a licencias con goce de sueldo conforme a la ley, pero que cualquier asignación específica deberá ajustarse a los procedimientos administrativos vigentes.
Presión fiscal y reorganización institucional
La revisión en Educación ocurre en un momento de presión fiscal para el Estado hondureño, con limitaciones presupuestarias y demandas crecientes en el sistema público.
El gasto en salarios representa históricamente la mayor carga del presupuesto educativo en Honduras, mientras persisten desafíos estructurales en infraestructura, cobertura y calidad.
La decisión de congelar permanencias, ordenar retornos y revisar expedientes apunta a un intento de reorganización interna que podría generar tensiones gremiales, pero que la actual administración considera necesaria para recuperar control administrativo.
El resultado de la auditoría legal y técnica determinará si hubo irregularidades en los procedimientos anteriores o si las inconsistencias obedecen a fallas administrativas sin implicaciones penales. Mientras tanto, la Secretaría mantiene los interinatos y el proceso de revisión en marcha, en un sistema educativo que enfrenta presiones financieras y exigencias de mayor transparencia.
