Estados Unidos respalda la reforma energética de Honduras mientras el país busca reducir pérdidas de la ENEE, modernizar el mercado y atraer inversión.
La aprobación de la Ley de Justicia Energética en Honduras recibió el respaldo público de Estados Unidos, que vinculó la modernización del sector eléctrico con una mayor confiabilidad del suministro y nuevas oportunidades para empresas estadounidenses. El Congreso Nacional aprobó la reforma el 31 de agosto con 78 votos, después de meses de discusión y negociaciones entre las bancadas.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que un sector energético confiable puede convertir a Honduras en un destino más atractivo para inversión, tecnología y generación de empleos. El mensaje coloca a la energía no solamente como un problema de la empresa estatal, sino como una variable directamente relacionada con la competitividad y las decisiones de inversión.
¿Por qué Estados Unidos pone atención en la reforma energética?
La posición estadounidense tiene una explicación económica: la electricidad es un insumo básico para industria, comercio, servicios y nuevas inversiones. Un sistema con pérdidas elevadas, problemas financieros, infraestructura insuficiente y suministro poco confiable aumenta los costos y los riesgos de operación para las empresas.
La Oficina de Comercio de Estados Unidos ha identificado históricamente la confiabilidad eléctrica, la reducción de pérdidas y las inversiones en generación, transmisión y distribución como áreas críticas para Honduras.
La reforma aprobada cambia precisamente parte de esa estructura. El Congreso informó que la ENEE continuará siendo propiedad del Estado, pero las actividades de generación, transmisión y distribución serán separadas bajo una nueva organización empresarial. La intención es introducir mayor autonomía operativa y abrir espacio para mecanismos que permitan una participación más amplia de capital privado, manteniendo los activos estratégicos bajo titularidad estatal.
¿Cuál es el problema financiero que Honduras intenta corregir?
La dimensión económica del problema es considerable.
Autoridades hondureñas han estimado que las pérdidas de la ENEE rondan los L50 millones diarios, equivalentes a aproximadamente L16,000 millones al año. El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, utilizó precisamente esa cifra para justificar la necesidad de modificar la estructura del subsector eléctrico.
Otras mediciones divulgadas durante 2026 han situado las pérdidas diarias alrededor de L40 millones, lo que muestra que la cifra varía según el período y la metodología utilizada.
En términos simples, si se toma como referencia la estimación de L50 millones diarios, cada año se pierde un monto equivalente a aproximadamente L16,000 millones que no puede destinarse a nuevas inversiones, mantenimiento, infraestructura u otras prioridades públicas.
El problema también tiene una dimensión técnica. La Prensa reportó pérdidas técnicas y no técnicas cercanas al 38% del sistema, asociadas a fallas de la red, hurto de energía y consumo no facturado o cobrado por debajo de su valor real.
¿Qué cambia con la nueva estructura de la ENEE?
La reforma busca separar las principales funciones del sistema eléctrico.
La ENEE funcionará como empresa matriz, mientras las actividades de generación, transmisión y distribución tendrán estructuras diferenciadas. El Congreso sostiene que las acciones de las subsidiarias permanecerán 100% en manos del Estado y que los activos continuarán bajo propiedad estatal.
El cambio es relevante porque permite distinguir tres negocios con problemas y necesidades de inversión diferentes:
- Generación: producir la electricidad necesaria para atender la demanda.
- Transmisión: transportar la energía mediante la red de alta tensión.
- Distribución: llevarla hasta hogares, comercios e industrias.
- Mercado eléctrico: establecer reglas para las transacciones y participación de los distintos agentes.
La reforma también contempla mecanismos para incrementar la competencia en la compra de energía, incluyendo licitaciones públicas internacionales, según la información divulgada tras su aprobación.
¿Qué función tendrá el nuevo Operador del Sistema y del Mercado?
Uno de los cambios institucionales más importantes es la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM).
De acuerdo con el texto divulgado sobre la reforma, será una entidad independiente encargada de operar el sistema eléctrico y administrar el mercado mayorista. Su junta directiva tendrá 10 miembros, con representación de transmisores, generadores renovables y no renovables, comercializadores, distribuidores y consumidores.
El cronograma también es relevante: el nuevo operador debe comenzar operaciones en un plazo máximo de 140 días hábiles, mientras que su primera junta directiva deberá estar funcionando en un máximo de 60 días hábiles.
Esto significa que la aprobación legislativa no es el final del proceso. Una parte crítica comenzará durante la implementación: nombramientos, reglas operativas, separación institucional, mecanismos de mercado y capacidad efectiva de supervisión.
¿Qué cambia para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica?
La CREE tendrá mayor independencia funcional, presupuestaria y financiera.
La nueva estructura contempla tres comisionados, con períodos de seis años y posibilidad de reelección, además de un requisito de 15 años de experiencia.
La importancia de este cambio está en la regulación. Una mayor independencia del regulador puede reducir interferencias en decisiones técnicas relacionadas con tarifas, mercado, generación, transmisión y distribución.
Para un inversionista, no basta con que exista demanda de electricidad. También importa quién establece las reglas, cómo se aplican, qué tan predecibles son y qué ocurre cuando existe una controversia.
¿Cuánto puede importar la reforma para atraer inversión?
La señal enviada por Estados Unidos es importante porque identifica directamente tres variables: capital, tecnología y empleo.
Pero el respaldo político estadounidense no equivale automáticamente a inversión comprometida.
La inversión llegará si la nueva arquitectura institucional consigue convertir la reforma legal en reglas previsibles, procesos transparentes, contratos ejecutables, regulación independiente y capacidad financiera para desarrollar infraestructura.
El Banco Mundial ya identifica la inversión energética como una necesidad para Honduras. En su evaluación del sector señala que el país requiere inversiones importantes en generación y fortalecimiento de la red, mientras enfrenta pérdidas elevadas y vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos.
El Banco Mundial también registra actualmente una cartera activa de IFC en Honduras de US$201.3 millones, concentrada en sectores como mercados financieros, manufactura e infraestructura, con especial presencia en energías renovables.
Eso demuestra que existe capital internacional interesado en proyectos hondureños de infraestructura y energía, aunque la reforma energética tendrá que demostrar que puede ampliar y acelerar ese flujo.
¿Qué tan grande es el mercado estadounidense relacionado con Honduras?
La relación económica entre ambos países proporciona otra referencia.
El comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Honduras alcanzó aproximadamente US$15,500 millones en 2025, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.
De ese total, el comercio de bienes fue de unos US$12,500 millones, con exportaciones estadounidenses hacia Honduras por US$7,000 millones e importaciones desde Honduras por aproximadamente US$5,500 millones.
Por eso, mejorar la infraestructura energética tiene una implicación que va más allá de la ENEE: puede afectar las condiciones de operación de empresas que ya comercian con Estados Unidos y de compañías que evalúan establecer nuevas operaciones en Honduras.
¿La reforma elimina el problema financiero de la ENEE?
No.
La aprobación de la ley modifica la estructura jurídica y operativa, pero no elimina automáticamente las pérdidas, la deuda, las deficiencias de la red ni las necesidades de inversión.
La propia discusión de la reforma ha girado alrededor de la necesidad de reducir pérdidas técnicas y no técnicas y mejorar la situación financiera de la estatal.
El resultado económico dependerá de la ejecución.
Si la separación empresarial permite identificar con mayor precisión dónde se generan las pérdidas, mejorar la gestión y establecer responsabilidades operativas, puede facilitar una recuperación financiera.
Si solamente cambia la estructura administrativa sin reducir pérdidas, mejorar cobros, fortalecer redes y transparentar la contratación, el problema financiero continuará.
¿Qué significa la reforma para los consumidores?
El Congreso informó que la nueva legislación incluye un congelamiento temporal de la tarifa eléctrica, de manera que el precio aplicado en el último recibo no podrá aumentar durante seis meses desde la entrada en vigencia de la norma.
Ese efecto es inmediato y distinto al objetivo estructural de la reforma.
El congelamiento busca limitar el impacto sobre los usuarios en el corto plazo; la reorganización de la ENEE, el nuevo operador y el fortalecimiento regulatorio buscan modificar el funcionamiento del mercado en el mediano y largo plazo.
Son, por tanto, dos horizontes diferentes: protección tarifaria inmediata y reforma institucional de largo plazo.
¿Qué debe vigilar Honduras después de aprobar la ley?
El indicador más importante ya no será la cantidad de votos obtenidos en el Congreso, sino los resultados que produzca la implementación.
SOYDATOS identifica cinco variables que permitirán medir si la reforma funciona:
- Pérdidas de la ENEE: cuánto bajan en lempiras y porcentaje.
- Confiabilidad del servicio: frecuencia y duración de interrupciones.
- Inversión: nuevos capitales comprometidos y ejecutados en generación, transmisión y distribución.
- Mercado eléctrico: transparencia y competencia en las compras de energía.
- Situación financiera: evolución de deuda, flujo de caja y necesidades de transferencias públicas.
El punto central es financiero: una ENEE que reduce pérdidas libera recursos; una red confiable disminuye riesgos para las empresas; una regulación predecible facilita inversión; y mayor inversión permite ampliar y modernizar la infraestructura.
La aprobación de la reforma abre esa posibilidad, pero los resultados dependerán de la ejecución institucional durante los próximos meses.
Los datos duros
- 78 votos: respaldo obtenido por la reforma en el Congreso Nacional.
- 31 de agosto de 2026: fecha de aprobación.
- L50 millones diarios: pérdidas de la ENEE según estimaciones utilizadas por autoridades.
- L16,000 millones anuales: equivalente aproximado de esas pérdidas.
- 38%: pérdidas técnicas y no técnicas reportadas durante 2026.
- 10 miembros: composición prevista para la junta directiva del OSM.
- 140 días hábiles: plazo máximo señalado para el inicio de operaciones del OSM.
- 60 días hábiles: plazo máximo para instalar su primera junta directiva.
- 3 comisionados: nueva estructura de la CREE.
- 6 años: período de los comisionados.
- 15 años: experiencia requerida.
- US$15,500 millones: comercio de bienes y servicios entre Estados Unidos y Honduras en 2025.
- US$201.3 millones: cartera activa de IFC en Honduras reportada por el Banco Mundial.
La lectura SOYDATOS
La reforma energética llega después de años de problemas financieros y operativos en la ENEE. El dato que explica la urgencia es el costo de las pérdidas: hasta L50 millones diarios según las estimaciones divulgadas por autoridades.
La segunda variable es la inversión. Estados Unidos está señalando que un sistema eléctrico confiable puede mejorar las condiciones para atraer capital, tecnología y empleos.
Pero el verdadero examen comienza ahora: reducir pérdidas, hacer funcionar el OSM, fortalecer la CREE, transparentar el mercado eléctrico y convertir la reforma legal en inversiones reales.
La propiedad estatal de los activos no impide la participación de capital privado. El desafío será demostrar que el nuevo modelo puede combinar control público, regulación independiente, competencia e inversión sin repetir los problemas que llevaron a la actual crisis financiera de la ENEE.
