Tomás Zambrano defiende la reforma eléctrica aprobada por 78 diputados y centra su ejecución en pérdidas, tarifas, licitaciones y ENEE.
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió la Ley de Justicia Energética aprobada con 78 votos y rechazó que implique privatizar la ENEE. La reforma mantiene los activos bajo propiedad estatal, congela temporalmente la tarifa, establece licitaciones públicas y busca reducir pérdidas que el Legislativo estima en más de L16,000 millones anuales.
¿Qué aprobó el Congreso Nacional en la reforma eléctrica?
La aprobación de la Ley de Justicia Energética abrió una nueva etapa para el sistema eléctrico hondureño. El Congreso Nacional, presidido por Tomás Zambrano, aprobó la normativa con 78 votos, después de varios meses de discusión y negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas y sectores vinculados al subsector eléctrico.
El cambio central consiste en reorganizar las actividades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La generación, transmisión y distribución serán separadas en empresas subsidiarias, mientras la ENEE continuará como empresa matriz y conservará la propiedad estatal de las acciones y activos estratégicos.
La importancia económica de esta reorganización está en la posibilidad de separar responsabilidades técnicas, operativas y financieras. Durante años, la discusión sobre la ENEE ha concentrado problemas distintos —pérdidas, contratos, infraestructura, cobro y calidad del servicio— dentro de una misma estructura institucional.
La reforma intenta crear unidades con mayor autonomía administrativa y operativa. Sin embargo, la reorganización institucional no elimina automáticamente los problemas financieros: la prueba será la capacidad de las nuevas estructuras para reducir pérdidas, atraer inversión y mejorar el suministro.
¿Por qué Tomás Zambrano rechaza que la reforma privatice la ENEE?
Uno de los principales puntos de conflicto político ha sido la acusación de que la reforma abriría el camino hacia la privatización de la empresa estatal.
Tomás Zambrano rechazó esa interpretación y aseguró que los activos estratégicos, incluyendo las líneas de transmisión y otros bienes públicos, continuarán bajo propiedad del Estado. La posición oficial del Congreso Nacional es que la reforma reorganiza la empresa, pero mantiene el 100% de la propiedad estatal.
La legislación establece una separación entre las funciones de generación, transmisión y distribución, pero mantiene a la ENEE como matriz. Esta diferencia es relevante desde el punto de vista económico: separar unidades operativas no significa necesariamente vender los activos.
El debate político probablemente continuará, especialmente por el papel que tendrá el sector privado en futuras inversiones y contratos. Pero la estructura aprobada establece que los activos estratégicos permanecerán dentro de la propiedad estatal, mientras se busca modificar la gestión de las diferentes actividades del sistema.
¿Cuánto cuesta a Honduras el problema de las pérdidas eléctricas?
El principal dato económico utilizado por Zambrano para defender la reforma es el costo de las pérdidas de la ENEE.
Según el presidente del Congreso Nacional, estas pérdidas superan los L16,000 millones anuales. La cifra equivale a cerca de L1,333 millones mensuales y aproximadamente L44 millones diarios.
En intervenciones anteriores durante la discusión de las reformas, Zambrano había situado el costo diario cerca de L50 millones, utilizando como referencia un problema que, según el Legislativo, continúa creciendo mientras no se adopten cambios estructurales.
El dato coloca a las pérdidas en el centro de la discusión económica. No se trata únicamente de energía que no se factura o no se cobra: las pérdidas afectan la posición financiera de la empresa y generan presión sobre la capacidad del sistema para invertir en redes, mantenimiento y expansión.
La nueva legislación contempla medidas para combatir las pérdidas técnicas y no técnicas, incluyendo acciones relacionadas con el hurto de energía y la modernización de la medición.
¿Qué ocurrirá con la tarifa eléctrica durante los próximos seis meses?
Uno de los cambios con impacto directo para los consumidores es el congelamiento temporal de la tarifa eléctrica.
Una vez que la ley entre en vigencia, la tarifa aplicada en el último recibo de energía no podrá incrementarse durante seis meses. El Congreso Nacional podrá extender ese período por otros seis meses, según la información oficial sobre la normativa aprobada.
Zambrano ha defendido la medida como una protección para los usuarios durante la transición del nuevo modelo. La disposición establece un límite temporal a los incrementos, aunque el verdadero desafío económico será determinar cómo evolucionan los costos estructurales del sistema después del período de congelamiento.
La tarifa depende de múltiples variables: costos de generación, contratos, pérdidas, demanda e infraestructura. Por eso, el congelamiento puede contener temporalmente el precio final, pero la sostenibilidad de una tarifa competitiva dependerá de la eficiencia que logre el sistema.
La ley también establece que los subsidios deberán aparecer de forma separada y explícita en la factura, además de contar con una fuente de financiamiento, evitando trasladar automáticamente su costo a otras categorías de consumidores.
¿Cómo cambiarán las compras de energía con las nuevas licitaciones?
Otro de los puntos defendidos por Tomás Zambrano es la modificación de las reglas para contratar energía.
La reforma establece la licitación pública como regla general para las nuevas contrataciones, bajo principios de transparencia, competencia, igualdad y eficiencia económica. También contempla la utilización de subastas inversas cuando estas resulten convenientes para el sistema eléctrico.
Este cambio es relevante porque el precio de la energía contratada tiene efectos directos sobre la estructura de costos de la ENEE. Una licitación competitiva permite comparar ofertas entre diferentes proveedores y tecnologías, aunque el resultado dependerá de la cantidad de participantes y de las condiciones específicas de cada proceso.
La siguiente prueba para la reforma será, precisamente, la ejecución. La prohibición de utilizar determinados mecanismos de contratación cambia el marco legal, pero la transparencia deberá verificarse en los futuros procesos: participantes, precios ofertados, condiciones contractuales y resultados adjudicados.
Para el sector productivo, el resultado tiene importancia directa. La electricidad es un costo transversal para industria, comercio, agricultura, servicios y pequeñas empresas, por lo que cualquier reducción estructural en el costo de compra puede mejorar la competitividad de la economía.
¿Quiénes podrían beneficiarse de la condonación de deudas?
Zambrano también destacó la posibilidad de establecer una condonación de deudas para determinados usuarios residenciales.
Según lo explicado por el presidente del Congreso, la medida está dirigida particularmente a consumidores con un promedio de hasta 200 kilovatios hora mensuales, un segmento que podría abarcar a cientos de miles de usuarios, de acuerdo con las estimaciones planteadas durante la discusión.
Este punto tendrá implicaciones financieras que deberán ser observadas durante la reglamentación y aplicación de la ley. Una condonación representa un alivio para los beneficiarios, pero también requiere establecer cómo se registrará el impacto dentro de las cuentas de la empresa y cuál será el tratamiento financiero de esas obligaciones.
La reforma, por tanto, combina dos objetivos que deberán equilibrarse: aliviar la situación de determinados consumidores y recuperar la sostenibilidad financiera del sistema.
¿Qué problemas quedaron pendientes para la mesa de trabajo de 60 días?
La reforma no resolvió todos los temas del sector energético.
El Congreso Nacional otorgó a la Comisión de Energía un plazo de 60 días para instalar una mesa de trabajo con diferentes actores del sector y abordar asuntos que quedaron fuera o pendientes durante el proceso legislativo.
Entre los principales temas se encuentran:
- La relación entre generación renovable y térmica.
- Microrredes y macrorredes.
- Hurto y pérdidas de energía.
- Electrificación rural.
- Alumbrado público.
La agenda demuestra que la reforma aprobada no representa el final de la discusión energética. Honduras todavía debe definir políticas relacionadas con expansión territorial, infraestructura, fuentes de generación y cobertura.
El tema de las energías renovables será particularmente relevante. La combinación entre generación renovable y térmica afecta costos, seguridad del suministro y necesidad de respaldo. Una matriz con mayor participación renovable puede reducir determinados costos variables, pero requiere capacidad de transmisión y soluciones para garantizar continuidad cuando las fuentes son intermitentes.
¿Por qué el hurto de energía seguirá siendo uno de los principales desafíos?
Zambrano fue enfático en la necesidad de combatir las conexiones ilegales y la manipulación de medidores.
El problema económico es directo: la energía que se consume pero no se factura o no se cobra genera pérdidas que terminan afectando las finanzas generales del sistema. La reforma incorpora medidas relacionadas con la modernización de la medición y el combate de las pérdidas.
Sin embargo, el problema no se resolverá únicamente mediante nuevas sanciones o disposiciones legales. La reducción de pérdidas requiere inversión en medidores, redes inteligentes, sistemas de monitoreo, control comercial y capacidad institucional.
Aquí está una de las principales diferencias entre aprobar una reforma y ejecutarla: la legislación puede establecer nuevas obligaciones, pero la reducción efectiva dependerá de recursos y capacidad operativa.
Con pérdidas superiores a L16,000 millones anuales, según Zambrano, cada punto de mejora tendrá una dimensión financiera significativa para la ENEE y para el sistema eléctrico nacional.
¿Qué representa el programa de 200,000 lámparas para la infraestructura pública?
El presidente del Congreso también informó sobre un programa de alumbrado público y señaló que aproximadamente 200,000 lámparas ya adquiridas serán instaladas en diferentes departamentos del país.
La ejecución de este programa tendrá que medirse no solo por la cantidad de unidades instaladas, sino por su distribución territorial, mantenimiento, consumo energético y sostenibilidad financiera.
El alumbrado público representa una parte visible del sistema eléctrico para municipios y comunidades. Sin embargo, también genera costos recurrentes de energía y mantenimiento, por lo que su expansión requiere mecanismos claros de gestión.
La mesa de trabajo de 60 días deberá definir cómo estos temas se integran dentro de una política más amplia de electrificación y modernización de infraestructura.
La prueba de la reforma será convertir L16,000 millones en pérdidas menores
La defensa de Tomás Zambrano concentra la discusión en un argumento económico: mantener la estructura anterior implicaba continuar acumulando pérdidas.
La Ley de Justicia Energética fue aprobada con 78 votos, mantiene la ENEE bajo propiedad estatal, congela temporalmente las tarifas, establece nuevas reglas de contratación y abre un proceso de reorganización institucional.
Pero el resultado final no dependerá del número de páginas de la ley ni del número de artículos aprobados.
Los indicadores que determinarán su impacto serán otros:
L16,000 millones: si las pérdidas comienzan a disminuir.
Seis meses: si el congelamiento tarifario puede sostenerse sin aumentar las presiones financieras.
Licitaciones públicas: si las nuevas compras producen mejores condiciones económicas.
60 días: si la mesa de trabajo logra definir soluciones para los problemas pendientes.
200,000 lámparas: si el programa de alumbrado se ejecuta con resultados verificables.
La reforma ya pasó su principal obstáculo legislativo. A partir de ahora, la discusión cambia: la ENEE tendrá que demostrar que la nueva estructura puede producir resultados financieros y operativos diferentes a los del sistema que Honduras intenta reformar.
