COHEP respalda las reformas eléctricas, pero exige resultados sobre pérdidas, tarifas, servicio, transparencia e inversión para resolver la crisis financiera hondureña.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respaldó la aprobación de la Ley de Justicia Energética como una reforma necesaria, pero advirtió que el cambio legal no resuelve por sí solo la crisis del sistema eléctrico. La organización calcula pérdidas anuales de alrededor de L15,000 millones y anunció que evaluará la implementación mediante tres variables: calidad del servicio, tarifas y transparencia.
La reforma fue aprobada, pero el principal problema financiero permanece
La aprobación de la Ley de Justicia Energética, integrada por 37 artículos y respaldada por 78 diputados, abre una nueva etapa para el subsector eléctrico, pero no elimina automáticamente las pérdidas financieras, los problemas de distribución ni las deficiencias acumuladas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La ley reorganiza la empresa y modifica las reglas del mercado; la reducción efectiva de las pérdidas dependerá de la ejecución.
El COHEP fue directo en su posición: la reforma era necesaria y había sido postergada, pero ahora comienza la parte que determinará sus resultados económicos. La organización estima que Honduras pierde L15,000 millones anuales en su sistema eléctrico, una cifra que mantiene el problema energético entre los principales factores de presión sobre las finanzas públicas, las empresas y los consumidores.
La diferencia entre aprobar una ley y resolver una crisis será ahora medible. La discusión deja de concentrarse exclusivamente en la estructura jurídica de la ENEE y pasa a indicadores operativos: cuánto se reducen las pérdidas, cuánto mejora el suministro, cuánto cambia el costo para los usuarios y qué inversiones llegan al sistema.
Los L15,000 millones representan el principal desafío económico de la reforma
La cifra planteada por el sector privado equivale a una pérdida promedio cercana a L41 millones diarios. En meses anteriores, distintas estimaciones y declaraciones alrededor de la crisis de la ENEE situaron las pérdidas del sistema en rangos cercanos a L50 millones diarios y alrededor de L16,000 millones anuales, lo que muestra la dimensión financiera que enfrenta la reforma.
El problema tiene una característica central: las pérdidas no desaparecen porque cambie la estructura administrativa de la empresa. La nueva ley divide las actividades entre generación, transmisión y distribución, manteniendo la propiedad estatal, pero la recuperación financiera dependerá especialmente del comportamiento de la red de distribución.
El presidente del sindicato de trabajadores de la ENEE, Miguel Aguilar, identificó precisamente ese punto como el principal desafío operativo. Según sus declaraciones, el área de distribución registra pérdidas de alrededor del 38% y requeriría inversiones cercanas a US$1,000 millones. La cifra muestra una tensión central del debate: la reforma puede cambiar las reglas institucionales, pero la recuperación física y técnica de las redes requiere recursos de una escala mucho mayor.
Servicio, tarifa y transparencia serán las tres pruebas del COHEP
El COHEP anunció que evaluará la implementación de la reforma con tres criterios concretos: servicio, tarifa y transparencia.
El primer indicador será el servicio. La posición empresarial es que el suministro debe ser continuo y confiable, con una reducción de los racionamientos y de las interrupciones que afectan hogares, comercio e industria. El problema no es únicamente el número de apagones: cada interrupción genera costos para empresas que dependen de refrigeración, maquinaria, sistemas digitales y producción continua.
El segundo indicador será la tarifa. La nueva legislación establece un congelamiento temporal de los precios de la energía, pero mantener una tarifa estable durante un período determinado no significa necesariamente que se haya resuelto la estructura de costos del sistema. La prueba económica será si la reducción de pérdidas logra disminuir presiones futuras sobre el precio pagado por hogares, pequeños comercios y productores.
El tercer criterio es la transparencia. El sector privado exige que la regulación, las compras de energía y los contratos puedan conocerse y auditarse. Este punto adquiere importancia porque la reforma establece que las nuevas compras deberán realizarse mediante procesos competitivos de licitación, eliminando la contratación directa como mecanismo ordinario para incorporar nueva energía.
La primera polémica ya está definida: la ley dice una cosa y la ejecución tendrá que demostrar otra
La aprobación de la Ley de Justicia Energética no cerró el debate político sobre la reforma. La ENEE continuará como empresa estatal y el Congreso sostiene que la normativa no privatiza la institución, mientras sectores de oposición mantienen cuestionamientos sobre los mecanismos que podrían abrir una mayor participación privada en la operación del sistema.
El punto económico relevante es que la participación privada no constituye, por sí sola, el indicador del éxito o fracaso de la reforma. Guatemala y El Salvador han utilizado modelos de organización y participación empresarial diferentes al hondureño, mientras el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, señaló que mecanismos similares de separación institucional ya existen en países vecinos.
La discusión de fondo será otra: qué ocurre con las pérdidas y quién financia las inversiones necesarias. Si la distribución necesita recursos de gran escala para recuperar redes, reducir fraude y mejorar medición, la nueva estructura tendrá que demostrar de dónde provendrá el financiamiento y bajo qué condiciones.
La Secretaría de Finanzas coincide: las reformas son solo una pieza
La posición del COHEP encontró un punto de coincidencia con el ministro de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules. El funcionario declaró que las reformas constituyen solamente una pieza del proceso para recuperar a la ENEE y señaló tres tareas pendientes: reducir pérdidas, garantizar pagos a los generadores y atraer inversión para transmisión y distribución.
Esta coincidencia entre empresa privada y Gobierno delimita uno de los principales datos de la nueva etapa: existe acuerdo sobre el diagnóstico operativo, aunque no necesariamente sobre todos los mecanismos políticos utilizados para resolverlo.
La ENEE enfrenta simultáneamente problemas financieros y técnicos. Reducir pérdidas requiere inversiones en redes, medición, control de conexiones irregulares y gestión comercial. Garantizar pagos a generadores es necesario para mantener la confianza contractual. Y ampliar la capacidad de transmisión y distribución requiere inversiones que no se resuelven únicamente mediante una modificación legislativa.
Las licitaciones serán una de las primeras pruebas de transparencia
La nueva normativa establece una transformación en la contratación de energía. Según el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, la estatal prepara procesos de licitación pública internacional y competitiva para incorporar nueva generación de corto y largo plazo.
La contratación de energía será uno de los puntos más observados porque afecta directamente el costo futuro del sistema. Una licitación competitiva puede comparar tecnologías, precios y condiciones contractuales, mientras que los contratos de largo plazo comprometen financieramente a la ENEE durante varios años.
La nueva ley establece que las compras deberán realizarse mediante licitaciones y que los contratos tendrán reglas específicas. El desafío será comprobar si los procesos generan realmente precios competitivos, si existe suficiente participación de oferentes y si la información contractual es accesible para auditoría pública.
Aquí aparece una de las principales controversias económicas de la reforma: la transparencia ya no será una promesa institucional, sino un elemento verificable en cada proceso de compra.
La distribución concentra la mayor presión sobre la recuperación financiera
La separación de la ENEE en áreas de generación, transmisión y distribución busca identificar con mayor claridad los resultados financieros y operativos de cada actividad. La información disponible, sin embargo, apunta a que la distribución será la unidad con mayores dificultades.
Miguel Aguilar señaló que generación y transmisión presentan condiciones financieras diferentes, mientras la distribución concentra pérdidas cercanas al 38%, según sus declaraciones. También estimó una necesidad de inversión de US$1,000 millones para atender esa área.
Esta cifra introduce una dimensión adicional al debate. Honduras enfrenta pérdidas calculadas por el COHEP en L15,000 millones anuales, pero la recuperación de la infraestructura podría demandar inversiones cercanas a miles de millones de dólares.
El problema, por tanto, tiene dos velocidades: las pérdidas ocurren cada año; las inversiones necesarias para reducirlas requieren tiempo, financiamiento y ejecución técnica.
La tarifa congelada ofrece tiempo, pero no elimina los costos del sistema
La Ley de Justicia Energética contempla un congelamiento temporal de las tarifas eléctricas por seis meses, con posibilidad de extensión bajo las condiciones establecidas en la normativa. La medida protege temporalmente al consumidor frente a aumentos tarifarios.
Sin embargo, el congelamiento no modifica automáticamente los costos de generación, transmisión y distribución. La sostenibilidad del precio dependerá de variables como las pérdidas, la composición de la generación eléctrica, los contratos y la eficiencia de la empresa.
El COHEP plantea que la reducción de las pérdidas debe llegar al precio que pagan los consumidores. Ese planteamiento convierte la tarifa en un indicador de resultados: si las pérdidas disminuyen, la mejora deberá reflejarse eventualmente en menores presiones sobre hogares, comercio y producción.
Para una economía donde la electricidad es un costo transversal, el resultado afecta desde una pequeña pulpería hasta la industria manufacturera, el comercio, los hospitales y la producción agrícola.
La reforma entra ahora en su etapa más costosa y técnicamente compleja
La nueva legislación ya fue aprobada. La siguiente fase incluye reglamentación, creación o reorganización institucional, licitaciones, transición empresarial y ejecución de inversiones.
El gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, ha definido la aprobación como el inicio de una nueva etapa para transformar el sistema. El COHEP, por su parte, plantea que la evaluación deberá concentrarse en resultados. Ambas posiciones coinciden en que la aprobación legislativa no representa el final del proceso.
Los primeros indicadores serán concretos:
- Reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas.
- Número y duración de interrupciones del servicio.
- Resultados de las licitaciones y precios contratados.
- Evolución de la tarifa después del período de congelamiento.
- Inversión ejecutada en transmisión y distribución.
- Situación financiera y pagos de la ENEE.
- Transparencia de contratos y compras de energía.
El dato que definirá la reforma no será el número de artículos
La Ley de Justicia Energética tiene 37 artículos, reorganiza la ENEE y establece nuevas reglas para tarifas, contratos, compras e inversión. Pero el principal número que seguirá determinando la crisis es el de las pérdidas anuales.
El COHEP calcula ese costo en L15,000 millones por año. Otras referencias utilizadas durante el debate han situado el deterioro en torno a L16,000 millones anuales. La diferencia metodológica puede variar, pero ambas cifras describen una pérdida de escala nacional.
La reforma será evaluada a partir de ahora con datos operativos. Si las pérdidas permanecen, la estructura legal habrá cambiado sin resolver el costo central del sistema. Si disminuyen, la reforma tendrá un resultado financiero verificable.
La controversia política sobre privatización, propiedad y modelos de mercado continuará. Pero la prueba económica será más sencilla de medir: menos pérdidas, menos interrupciones, contratos más transparentes y un sistema capaz de sostener tarifas competitivas sin trasladar nuevamente sus ineficiencias a consumidores y finanzas públicas.
