No se construyeron 15 000 viviendas en 2025, lo que provocó la pérdida de más de 67 000 empleos directos y 52 000 indirectos.
“No se construyó, no se pagó, no se formó.” Son tres afirmaciones de dirigentes del sector construcción que resumen por qué la industria que aporta el 6,8 % del PIB hondureño está en riesgo. Déficit habitacional de 1,6 millones de viviendas, deuda flotante estatal de 2.400 millones de lempiras y crédito exclusivo para vivienda media-alta presionan un sector clave para el empleo.
Financiamiento atrapado
La dirigente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) advirtió que “los créditos se concentran en vivienda de interés medio y alto, mientras los fondos para hogares vulnerables no logran acceso real”. Según el análisis presentado ante la Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), los bancos otorgaron en el primer semestre de 2025 unos L 3.672 millones en nuevos préstamos para la propiedad raíz, lo que supuso una caída interanual del 2 %.
Esta dinámica deja fuera a un gran segmento de la demanda que requiere vivienda social o soluciones intermedias. Así, el sector se convierte en un juego de “quién puede” más que de “quién necesita”. Con dinero concentrado, la producción se ralentiza y los empleos vinculados al segmento popular se diluyen.
El déficit que se acumula
“Honduras registra un déficit de 1.600.000 viviendas (971.069 nuevas y 645.662 por mejorar)”, declaró el presidente de CHICO. Los datos son respaldados por la Encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que para junio de 2024 reportó 2.600.640 viviendas que albergaban 2.624.033 hogares.
El impacto es doble: por un lado, la urgencia de construir decenas de miles de unidades anuales; por otro, el peso que representa reparar o mejorar las casas existentes. Y la industria estima que “en 2025 no se construyeron 15.000 unidades”, lo que se tradujo en la pérdida de más de 67.000 empleos directos y 52.000 indirectos.
Deuda flotante, mano de obra y empleo informal
La deuda que el Estado mantiene con contratistas se ha vuelto un freno crítico. “Al 30 de junio de 2025 la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) adeuda 2.400 millones de lempiras por pago pendiente a contratistas”, informó CHICO.
Por si fuera poco, la escasez de personal técnico agrava la situación: “En 2024 se graduaron 473 ingenieros civiles; sin embargo, sólo dos técnicos en Dibujo de Obras Civiles, 19 en Diseño de Interiores, y 9 en Instalaciones de Redes”, señaló el reporte.
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Más de 150.000 trabajadores del sector están en condiciones de subempleo por menor ejecución de proyectos.
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El porcentaje de empleo informal es elevado: del total de 390.000 empleos generados en 2024, el 83 % correspondía a trabajadores sin contrato formal.
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Las obras paralizadas, o con retrasos por pagos pendientes, obligan a las empresas a reducir plantilla o posponer inversiones.
Propuestas y vías de salida
Desde el sector se plantean varias líneas de acción claras. Una de ellas es garantizar un financiamiento sostenible para vivienda social, reduciendo el déficit habitacional que se acumula. Otra es impulsar la implementación de la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos para mejorar planificación urbana y ordenamiento territorial, así como incorporar veeduría social y rendición de cuentas.
En paralelo, se promueve un plan maestro de infraestructura que articule vivienda, agua, energía y transporte, y se propone agilizar los permisos y pagos de la deuda flotante mediante eficiencia administrativa. También se demanda armonizar los fondos de cooperación, fomentando transparencia en la asignación y auditoría de los recursos. Estas propuestas buscan restablecer el dinamismo del sector antes de que la contracción se haga irreversible.
¿Qué está en juego para la clase media?
Para familias de clase media y media-alta, los efectos de esta crisis no son solo macroeconómicos: significan precios más altos, menor oferta de vivienda atractiva y posibles retrasos en proyectos residenciales que afecta decisiones de compra o inversión. Si los créditos para vivienda terminan siendo más restrictivos, los montos requeridos o las tasas pueden subir, reduciendo acceso.
Además, cuando la construcción se frena, los impactos laborales se sienten también: menores oportunidades en empresas proveedoras de materiales, diseño o servicios técnicos. Para quienes ya planeaban una vivienda o inversión inmobiliaria en Honduras, esta coyuntura introduce un riesgo que exige evaluar plazos, condiciones de financiación y la solvencia del promotor antes de comprometerse.
El pulso de la industria de la construcción en Honduras se encuentra en tensión. Con un déficit habitacional de 1,6 millones de viviendas, créditos concentrados en segmentos altos, deuda estatal de 2.400 millones de lempiras y escasez de técnicos especializados, el motor económico que aporta el 6,8 % del PIB podría quedarse sin combustible. Las propuestas existen, pero su ejecución deberá ser rápida para que el sector recupere impulso y ofrezca una alternativa real a millones que esperan una vivienda digna.
