En zonas sin red pública, familias hondureñas pagan hasta 10 veces más por barriles de agua que quienes tienen conexión formal.
TEGUCIGALPA. Un litro de agua puede costar más que un litro de leche cuando no hay red pública. En Honduras, miles de familias en colonias marginales pagan precios desproporcionados por un recurso básico. No hay subsidio, ni tarifa social. El agua se convierte en privilegio.
La vida en colonias sin agua
“Compramos el barril a L.50 cuando tenemos suerte, pero a veces llega hasta L.80”, cuenta Elvia, madre de tres hijos, que vive en una loma de la colonia Nueva Capital, en Tegucigalpa. El agua la vende un camión cisterna que sube una vez por semana, si las lluvias lo permiten.
A dos kilómetros de ahí, en el centro de la ciudad, una familia conectada a la red de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) paga en promedio L.180 mensuales por el consumo total del hogar. Eso equivale a poco más de tres barriles del camión cisterna que compra Elvia. “Vivimos en la misma ciudad, pero parece que estamos en dos países distintos”, dice.
El precio real del litro de agua
Un análisis de tarifas y costos reales muestra que el agua en zonas sin red entubada puede llegar a costar hasta L.2.00 por litro, mientras que en zonas con conexión formal, el costo promedio ronda los L.0.20 por litro.
De acuerdo con el informe Radiografía del acceso al agua en Honduras publicado por Contracorriente en 2024, más de 1.3 millones de personas no tienen acceso regular a una red formal de agua. En zonas rurales o barrios en expansión, la solución más común es comprar agua por barriles o tambores a camiones privados, sin regulación estatal.
El precio del barril varía entre L.40 y L.80, dependiendo del clima, la distancia y la disponibilidad. Cada barril contiene unos 200 litros. Si una familia consume cinco barriles semanales, gasta entre L.800 y L.1.600 por mes solo en agua, el doble del salario mínimo en algunos sectores informales.
Según ANDA, el promedio nacional de consumo mensual por familia conectada a la red no supera los 20 m³ (20.000 litros) y se paga con subsidios, tarifas sociales y escalonadas, con montos entre L.150 y L.300 al mes.
La necesidad se convierte en negocio y la Alcaldía ausente
La paradoja es brutal: quienes menos tienen, pagan más. Y lo hacen a través de mecanismos que escapan a la regulación oficial. Un informe de Proceso Digital reveló en 2024 que en Tegucigalpa y San Pedro Sula operan al menos 200 camiones cisterna sin supervisión sanitaria ni control tarifario. El agua puede provenir de fuentes no seguras, de pozos artesanales o incluso de tomas ilegales.
Además, muchos camiones operan sin licencia de la Secretaría de Salud. El sistema, en la práctica, se convierte en una privatización informal del agua para los más pobres, sin que exista una política estatal de mitigación.
“Es un mercado que existe por omisión del Estado. Y en la omisión, hay negocio”, explica la ingeniera hidráulica Carla Montoya, asesora en temas de agua y saneamiento para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Un impuesto no escrito
A esto se le ha llamado —no oficialmente— el «impuesto de la pobreza». No está en la legislación, pero opera como si lo estuviera. Es una carga desproporcionada que los sectores más vulnerables deben pagar solo por vivir donde no hay infraestructura.
No se trata solo de dinero. La calidad del agua es menor, no siempre potable, y requiere hervirla o filtrarla, lo que suma otros costos. Las enfermedades gastrointestinales, según el Observatorio de la Salud Pública, aumentan en un 40% en zonas sin red de agua potable.
Los costos sociales también se multiplican. En muchas comunidades, son las mujeres o los niños quienes deben esperar al camión, cargar los baldes o recorrer hasta 2 kilómetros diarios por agua. “Nos levantamos a las 4 de la mañana solo para hacer fila cuando pasa el camión”, dice Karla, vecina de la colonia El Reparto.
El agua como derecho, no como producto
El acceso al agua está reconocido como derecho humano por las Naciones Unidas desde 2010. Honduras ha suscrito ese compromiso, pero en la práctica, la brecha se ensancha. La cobertura nacional de agua entubada apenas llega al 75% en zonas urbanas y al 52% en zonas rurales, según el informe de desempeño 2025 de ANDA.
La falta de planificación urbana, la expansión descontrolada de asentamientos y la ausencia de inversiones públicas en infraestructura de agua potable hacen que este problema crezca.
El economista Julio Arévalo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), lo resume con crudeza: “El sistema castiga la pobreza. Cuando el Estado no llega con servicios, el mercado se impone. Y cuando el mercado no tiene reglas, cobra más a quien menos puede”.
Un sistema que hay que mirar de frente
No hay decreto que diga que los pobres deben pagar más por el agua. Pero cada barril que sube la cuesta de un barrio sin servicios dice lo contrario. Las cifras no dejan lugar a dudas: una familia sin agua entubada puede gastar hasta 10 veces más que una con red formal. Y lo hace sin seguridad sanitaria, sin regulación y sin subsidio.
Este no es un problema nuevo, pero su permanencia habla de una falla estructural. Mientras se debate la gran política macroeconómica, miles de hogares siguen pagando caro por sobrevivir. Y el agua, recurso vital, se convierte en un lujo que se mide en barriles.
